Examinación de casos antes de modificar la política penitenciaria para los presos etarras

Euskadi Ta Askatasuna, mejor conocida como ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada que inició desde 1959 con el objetivo de crear un Estado independiente vasco a favor de su ideología nacionalista, esta organización terrorista cometió 45 asesinatos durante la dictadura y 942 más durante la democracia, en los territorios francés y español. Después de diversos pactos y treguas entre diversas fuerzas políticas y la banda terrorista, finalmente, el 20 de Octubre de 2011 ETA anunciaba el fin de su actividad en un comunicado al diario ‘Gara’, precisamente tres días después de una Conferencia Internacional en San Sebastian, llevada a cabo con el fin de promover la resolución del conflicto en el país vasco.

Para sellar la política de reconciliación ETA debería reconocer su culpa por los actos terroristas, el propio Mariano Rajoy, líder conservador del Partido Popular afirmaba estar abierto a medidas como la reinserción para los presos de ETA si cesaba definitivamente la violencia. Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero  anunció que cualquier cambio en la política penitenciaria era materia pertinente del nuevo Ejecutivo, por una cuestión de respeto institucional que le obliga a guardar una posición reservada ante la legitimidad del próximo Gobierno.

Paralelamente el presidente del PNV Iñigo Urkullu instaba a revisar la Doctrina Parot y aplicar los beneficios penitenciarios, de presos comunes, a los convictos etarras. Del mismo modo lo hacía ETXERAT, a favor de la puesta en libertad de presos enfermos, el cese del aislamiento y un acercamiento de los presos de ETA; sin embargo las dos últimas medidas representarían un problema, la desconfianza sobre una posible coalición ya que la decisión de dispersar a los presos etarras por las cárceles de todo el país evitaba la posible formación de un grupo de presión en las cárceles vascas. No obstante, un acercamiento de los reclusos que padecen una enfermedad grave sería una cuestión humanitaria.

            Este año el pleno del Tribunal Constitucional preveía el amparo únicamente para aquellos presos que tenían aprobada su liberación. La decisión final de los magistrados fue la de no declarar inconstitucional la doctrina Parot, sin embargo, el Constitucional  declaró la examinación de caso por caso admitiendo un trámite de 28 recursos, aunque actualmente los etarras afectados por esta norma son 50.

En las cárceles españolas existen 600 presos que renunciaron a ETA y lamentaron el daño provocado a la sociedad. Pero está por verse si podría existir algún tipo de revisión o amnistía para presos como Parot, responsable de  86 asesinatos, o aquellos miembros de ETA con pensamientos similares a los de Iñaki de Juana Chaos quien escribió “me encanta ver las caras desencajadas de los familiares en los funerales. Aquí, en la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia. La acción de Sevilla ha sido perfecta; con ella, ya he comido para todo el mes.”

Legitimidad para los actos de indignación

Los acontecimientos de la manifestación masiva del 29 de Septiembre de 2010 dibujaban un nuevo esquema sobre la sociedad española; ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, entre otras, eran el escenario de la “indignación” de los ciudadanos, quienes se fueron organizando, cada vez más, para expresarse en contra de los recortes y de los métodos presupuestarios que no habían sido anunciados en el plan del Gobierno, y mientras los diputados defienden que 3.200.000 catalanes votaron este Parlamento, el pueblo adopta múltiples medidas para mostrarse opuestos a la malversación del poder que ellos otorgaron ya que en lugar de proteger el entorno laboral y económico, lo que han hecho es desmantelarlo.

El mayor descontento fue así expresado a partir del 15-M cuando se corrobora una espectacular sumatoria de fuerzas que, seguido de múltiples acontecimientos, dan próxima cita al 15-J, día en el que se aprobarían los presupuestos regionales en el Parlamento Catalán donde cerca de 3000 personas, en marco de una protesta convocada por los indignados, se habían aglomerado frente al Congreso, con el objetivo de detener el debate de presupuestos que abriría puerta a los recortes. El Parlamento estaba cercado por los indignados, y la policía debía escoltar a los diputados, aunque unos llegaron en helicóptero.

El despliegue policial aumentaba la tensión y cuando los Mossos d’Esquadra recibieron la orden de cargar contra los manifestantes se desataron una serie de acontecimientos que otorgó un saldo de imputados, entre los cuales hay un periodista. Por orden de la Audiencia Nacional, recibieron citaciones, para comparecer cada 15 días ante el juzgado por un “delito” contra los altos organismos de la nación, procediendo entre 3 y 5 años de prisión debido al uso de violencia, coacción e intimidación usada contra los parlamentarios, esta “violencia” se traduce a pintar con spray a dos diputados y el bloqueo de la entrada.

El Art. 494 del Código Penal establece 1 año de cárcel para quien altera el normal funcionamiento de las cámaras; sólo que los parlamentarios catalanes están sumando cargos de acoso. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la Audiencia Nacional enjuiciar los delitos contra los órganos de la nación, mientras que, el Parlament es considerado como “un alto organismo” de la Comunidad Autónoma de Catalunya, entonces, los 22 imputados deben ser juzgados en su jurisdicción competente en un juzgado de instrucción de Barcelona.

Y ahora, frente a esta situación ¿quién juzga los actos de agresión efectuados por los Mossos d’Esquadra contra personas que sólo sumaban presencia, acorde con la protesta contra la política económica del Gobierno Catalán? El ataque comandado por la policía muestra un alto nivel de violencia pero esto al parecer no es cuestionable para los Parlamentarios quienes, además de causar destrozos en la sanidad y los servicios públicos del Govern catalán, pretenden hacer suyo el adjetivo de indignación.